Las consecuencias del menosprecio
¿Qué falló? ¿Por qué a solo seis meses del nuevo gobierno arrecia la catástrofe? Si bien no se esperaba un gobierno perfecto, por lo menos se presumía un lapso más largo de su beneficio a la duda.
El gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en una encrucijada inverosímil apenas de terminar de instalarse (no tanto; por ejemplo, no tiene embajadores): un desgaste precoz, la rearticulación de protestas sociales y la sarta de errores.
Ese cúmulo de situaciones adversas de la administración gubernamental tiene serias consecuencias en el conflicto actual que mantiene cercado a La Paz, que sufre violencia, pánico y desabastecimiento.
Aunque sin un liderazgo social claro, todo se decantó con la promulgación de la Ley 1720, de reconversión de la pequeña propiedad agraria, que obligó a un movimiento indígena a marchar de Pando a La Paz sin mucho ruido mediático, aunque con una fuerte incidencia en dispersas organizaciones sociales que ahora alimentan una espiral de conflicto incluso con demandas de renuncia del mandatario.
Se trata de un grave error que menospreció al presunto sector favorecido, evidenció a los reales interesados (las élites agroindustriales) y terminó por ser enmendado tarde con la abrogación. El mismo Paz lo admitió sin decirlo al anunciar una nueva norma que se hará bajo consenso y socialización, y que será justa, equilibrada y para todo el país, virtudes que adoleció la ley abrogada.
Ese mismo menosprecio caracterizó la reacción del Gobierno a la primera manifestación contra la norma.
También fue un craso menosprecio el desahuciar el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB). El mismo Paz desafió a los dirigentes a “generar trabajo” en vez de pedir aumento salarial y, además, plantear planes en vez de presentar pliegos petitorios.
Hasta Jorge Quiroga, en su papel de opositor, le cuestionó esa indiferencia.
Ahora que la crisis social preocupa, el Presidente y su gobierno se empeñan en un recurso fácil conocido para el poder: culpar a Evo Morales. No solo las autoridades recuerdan en sus intervenciones mediáticas al exmandatario, sino también los comunicados oficiales aluden a Morales (leer el referido a la ciudadana extranjera fallecidas durante este conflicto), cuyo expediente judicial, coincidente con esta situación, recuperó también vigor.
No es que el líder cocalero esté ajeno a los aprestos, pero otorgarle el liderazgo de las protestas implica menospreciar la capacidad de movilización de organizaciones sociales ajenas al expresidente, sus demandas propias y su enojo contra quien fue dirigido el voto de octubre y no pudo resolver los problemas con su oferta electoral.
Para argumentar ese menosprecio, las declaraciones del vocero presidencial del jueves fueron graves, acusó a los dirigentes de corruptos y financiados por el narcotráfico, y acto seguido llamó al diálogo.
Claro que hay intereses por la disputa del poder, pero la gestión de la crisis amerita moderación, lectura política, empatía y equilibrio en las respuestas. Y eso no existe hoy.
En estos seis meses, ¿quiénes están sustentando la crisis? El país en su conjunto, pero más los sectores empobrecidos, que ahora pagan el subsidio incluso al costo de la gasolina basura, las filas en los surtidores (Paz dijo en la campaña que inundará el país de combustibles) y la elevación de los precios de la canasta familiar.
No solo hay enojo en los sectores movilizados, sino también en una población mayoritaria ignorada y menospreciada. Y esto no termina.
