En torno a la institucionalidad: la democracia, lo actitudinal y la educación
El presidente Rodrigo Paz repite en cada discurso la palabra “institucionalidad”. Asegura que devolverá la institucionalidad democrática a Bolivia, pero ¿Qué es la institucionalidad? ¿Es tan fácil cumplir esta promesa? ¿La institución se forma por el simple mandado de dedo?
Es irónico que defendamos tanto la existencia de nuestra vida democrática y que después aparezca la “institucionalidad de la democracia” como una propuesta del presidente, como si esta no existiera. Si lo percibiéramos como un dato frío desde la ontología misma de la democracia, concluiríamos sin miramientos que, si no tuvimos una democracia institucionalizada, no seríamos un país democrático. Así de sencillo.
La propuesta del presidente Paz es de las más complicadas de cumplir, ya que esta no nace de la toma de decisiones del mandatario y, esperemos, su buena voluntad, sino que se liga con la estructura misma de la sociedad boliviana, con regularidades que ya fueron condicionadas y la transformación de todo un sistema que ha destruido el mérito profesional por el caudillismo clientelista, el abuso de los espacios de poder y que ha ratificado el oportunismo por encima del profesionalismo.
Primero debemos entender que lo institucionalizado va mucho más allá. Trabaja dentro de los saberes de una sociedad, de sus regímenes de verdad (en términos foucaultianos), y lo que se establece dentro de las formas de convivencia, muchas veces ajustadas de entidades, normas y leyes. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimientos institucionalizados, nos referimos a narrativas sociales que tienen el peso de la legitimidad aferrada a un orden educativo, cultural o jurídico. Es por eso que cuando un discurso político irrumpe dentro de un colectivo social, su más grande fin es el de llevar el lenguaje a la acción, y esto sucede cuando la narración adquiere credibilidad inmiscuyéndose dentro de una institución en su mayoría estatal (ejemplo claro fue el crear casos a la narrativa del Golpe de Estado, como el Caso Golpe I y Golpe II; la narrativa se institucionalizó en un orden jurídico y eso generó una acción, el arresto de los que la justicia creía eran los implicados de un hecho institucionalizado para tener sentido de veracidad).
La institucionalidad democrática no solo es el fortalecimiento y garantía de la independencia de los poderes del Estado, aunque es el punto fundamental. Pero se requiere como base importante el cambio de lo actitudinal. Si bien de entrada el hecho de buscar y fortalecer los mecanismos de independencia de poderes es algo urgente y necesario, pensemos también en la formación de competencias democráticas. Un ejemplo, el fortalecimiento del periodismo como espacio de información crítica contra las irregularidades del poder.
¿El político está dispuesto a caer en una desmesurada regulación del periodismo crítico a favor del fortalecimiento democrático? ¿El periodista está dispuesto a enfrentar los pormenores de los medios de información corporativizados para defender el derecho a la libertad de expresión y, por ende, fortalecer la democracia? ¿El ciudadano está a disposición de pensar en un voto informado más que buscar un buen cargo para su tío aliado de algún candidato? ¿El presidente y sus ministros están dispuestos a que la justicia no les sea favorable e ingresen en la molestia de ser juzgados por sus errores? ¿El sistema jurídico está dispuesto a democratizar la justicia a cambio de perder cualquier cantidad de dinero en coimas y que gane el que mejor bolsillo tenga en lugar del inocente?
La pregunta más importante: ¿Quién piensa hacer el primer sacrificio por la existencia de la “institucionalidad democrática”?
Como puede verse, la institucionalidad no se conseguirá solo con aprobaciones de leyes y con la garantía de la separación de los poderes del Estado que, después de 20 años de desmesurada unión, están más casados que nunca. Nuestra justicia no funciona, y afirmar ello es tan fácil como salir a la calle y preguntarle a un desconocido si tiene confianza en la misma. Y el problema continúa en una situación actitudinal; nadie confía en la educación, nadie confía en la seguridad, nadie confía en la información. Nadie confía en absolutamente nada de lo que está dentro de la democracia. No desean entenderlo ni darle credibilidad. Por ende, nadie desea ajustar ni su más mínima necesidad y privilegio (por pequeño que este sea) a favor de la democracia, porque muy en el fondo nadie confía en ella.
Si retrocedemos veremos que el problema también parte de un abandono conceptual en lo educativo. ¿Los colegios, sobre todo en nivel secundario, realmente preparan las competencias para el ejercicio de ciudadanía? Ojo, esta pregunta no es nada nueva, ya que la formación de competencias ciudadanas es una meta universal y esencial de la educación. Lo que uno observa en la universidad es un fatal vacío, no hay buena ortografía, nadie sabe nada del Estado ni la CPE, nadie quiere ni desea entender Bolivia ya que pésimos profesores de humanidades se encargaron de asesinar la última pizca de interés en estos temas; nadie entiende qué es claramente la democracia.
Y si no existen los saberes de las competencias ciudadanas mucho menos pueden existir competencias democráticas, ya que aquellas parten de una constante exigencia de cumplimiento de responsabilidades y de respeto de los derechos; y la institucionalidad democrática se encarga de que se cumpla todo como debe ser, con los debidos procesos.
Por lo tanto, sería fácil decir que el comienzo de la institucionalidad democrática debería partir de la mejora radical de nuestro sistema educativo, que por mucho, parece ser el peor de la región (no lo digo yo, lo dicen los informes y datos); pero hablar de esto es zambullirnos dentro de otro océano sucio y en completa “desinistitucionalización”, la educación está en ruinas en el país. Entonces pensar en institucionalidad democrática también es pensar en la institucionalidad jurídica e institucionalidad educativa, y acá viene otro gran problema, no hay competitividad, es decir no hay buenos profesionales ni buenas prácticas, y el crecimiento de la competitividad se debe ejercer con un cambio de modelo que busque la atención de los mejores profesionales para competir en estos espacios de bien común. En cambio, la justicia y la educación son justamente espacios que llaman la atención de personas poco competitivas que buscan el poder para su beneficio y dañan la calidad de las mismas.
La institucionalidad es un camino de sacrificios…
