Un despojo llamado expropiación
Esta es una historia de casi cuatro décadas, sobre la expropiación de setenta y cinco terrenos en el Playón de Irpavi, cuyas víctimas aún peregrinan en la burocracia municipal, demandando la reposición de su lote. Arrastran su cansancio bañado por una sensación de impotencia y rabia; sacan fuerzas para continuar al evocar el esfuerzo por la compra de un pedazo de tierra; hoy, mero símbolo de un “lugar seguro para sus familias”.
Al comprar, ninguno de estos jefes de hogar, hombres o mujeres, sospecharon que sería el inicio de una dolorosa y larga pesadilla. Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, durante décadas, redunda en informes anunciando que la propiedad fue expropiada y que fueron reubicados en un área, hoy, avasallada bajo la mirada complaciente de la institución. Asimismo, obliga a los propietarios a pagar impuestos por un lote fantasma. Algunos propietarios fallecieron, otros se fueron de la ciudad y los menos, aún cargan sus sueños adormecidos en la vejez con la esperanza de recuperar la propiedad que les fuera arrebatada, donde aún, esperan poder construir su hogar.
Durante los ochenta y principios de los noventa, varios jefes de familia apostaron por la compra de un pedazo de tierra en una urbanización aprobada en 1985, ubicada en el Playón de Irpavi, soñando construir su vivienda. Una década después, la alcaldía paceña publicó en el periódico HOY: “solicitando a los propietarios de la zona apersonarse para tramitar su línea y nivel”. Identificados los lotes in situ, una de las propietarias –cuyo nombre poco convencional y explosivo, aunque no casual, es Granada Arias, jefa de familia con una hija con parálisis cerebral–, como parte de su crédito por la compra de su lote, logró poner un cerco a su terreno y cada vez lo contemplaba con un sentimiento de felicidad en el estado más puro, sentía que era el inicio para materializar su sueño, un techo seguro para sus hijas. Cuando solicitó la autorización para construir habitaciones, los funcionarios municipales en un segundo lograron llevarla de la esperanza al caos, al comunicarle verbalmente que su terreno estaba expropiado, porque la alcaldía había definido un nuevo trazo para el río de Irpavi.
Durante años, ningún propietario pudo acceder a información sobre el nuevo trazo del río, ni a la ordenanza para la expropiación. Varios propietarios realizaron incansables gestiones durante años, solicitando la restitución de su lote expropiado; otros cargaron, además, el peso de una deuda por la compra de ese pedazo de tierra que por décadas aún flota en la burocracia municipal. Granada dice que, –ir a buscar su lote semanalmente a las oficinas municipales se hizo parte de su vida, una vida que no estaba pensada o un pensamiento que no terminaba de vivir–, debía pagar su crédito, los impuestos y congelar su sueño de un lugar para su familia. Finalmente, en 2008 la alcaldía aprobó los nuevos planos del lugar, consolidando así la desaparición de setenta y cinco lotes en el Playón de Irpavi, ampliando el área de Bolognia.
Pasaron casi treinta años, hasta 2014, para que el GAM paceño reubicara los setenta y cinco lotes, en el Área Remanente 2 (AR2), situado en Bolognia. De acuerdo a ley municipal, con la nueva área identificada y aprobada con Ordenanza Municipal 127/2014, el GAM de La Paz, debió proceder con la entrega inmediata de los terrenos a través de la Subalcaldía de la Zona Sur. Sin embargo, extrañamente, la institución se cubrió de una oscura parálisis durante años, que le impidió ejecutar su mandato, dejando a los propietarios con la ordenanza municipal estrujada entre sus manos y en cada vida, una historia detenida sin poder gritar.
La verdad es que cada institución ofrece lo que sabe hacer, y durante todos estos años transcurridos desde la expropiación de los setenta y cinco lotes hasta la fecha, el GAM de La Paz y en particular la Subalcaldía de la Zona Sur señala Granada, “han mostrado una irreverente indiferencia frente a sus propias normas ofreciendo su más profundo abandono y maltrato a las familias despojadas de su propiedad”. Hasta 2018, cada lento accionar de la alcaldía paceña, orientado a brindar justicia y sacar este tema del silencio adormecido en los escritorios municipales, ha estado empujado por la presión incansable de un pequeño grupo de propietarios.
Sumergida en su preocupación y necesidad por conocer el lugar que reubica los lotes expropiados, Granada Arias visitó el AR2 quedando alarmada al ver los primeros avasallamientos. Ella menciona que le pareció extraño que el área no presente un cerco que lo delimite, ni un letrero o señalización que anuncie el derecho propietario municipal. Inmediatamente, Granada envió cartas y fotografías al alcalde, con copia al subalcalde de la Zona Sur. Durante más de un año, presentó varias denuncias, en ese periodo Granada observó que, al interior de la institución, no se movió ni el aire para frenar el atropello. Ese “dejar hacer” en el gobierno municipal, señala Granada, deja ver un extraño y socapado silencio entre la institución y los avasalladores.
Frente a los acontecimientos, Granada comenta que sentía un asfixiante sentimiento de impotente soledad para exigir la devolución del lote que le habían despojado. La alcaldía era como una institución sorda en apariencia, indiferente e incapaz de reaccionar al avasallamiento de sus propios predios, pese a las varias denuncias realizadas, a veces ni los propios monstruos son tan monstruosos como el miedo de perder un terreno, cuando es la base de un hogar, decía. Pero por, sobre todo, se resistía a rendirse y truncar su sueño de tener su casita propia, con amplias ventanas de madera buganvilias en el ingreso, jazmines en los muros y sus hijas dentro. Tomó fuerzas de su sueño y decidió conformar un grupo con los afectados. Consiguió una fotocopia de la ordenanza que reubica a los setenta y cinco lotes junto a una lista y teléfonos de veinte propietarios reubicados.
Los convocó a una reunión, que inició con una decena de personas, quienes, de manera conjunta comenzaron a confiar en la ilusión de recuperar aquello que les habían arrebatado. Propusieron caminos y alternativas para demandar que ejecuten la reubicación, visitaron a todos los alcaldes de turno, a autoridades, a profesionales y a técnicos, en los distintos niveles y direcciones del Gobierno Municipal y de la Subalcaldía de Zona Sur. Paradójicamente, ante varias solicitudes para que ejecuten la reubicación, la única y reiterada respuesta escrita que recibieron durante décadas, como una novedad recién descubierta, fue que “sus lotes están expropiados y fueron reubicados”. Para los afectados, esta respuesta redundante, fue y es considerada como maltrato y burla.
Este grupo estaba lleno de ideas nuevas, conformaron comisiones para hacer el seguimiento a su demanda; en ese momento parecía que valía la pena unir fuerzas en las gestiones ante la alcaldía. En el grupo no faltaron mujeres valientes, algunas arrastrando el paso de los años y la espera, cansadas y con adoloridos pasos para caminar y subir gradas, pero firmes y esperanzadas. Había otras aún llenas de energía; una de ellas, la profesora Sandra Echalar, mujer emprendedora que tomó la iniciativa para obtener una copia legalizada de la ordenanza que reubica los lotes, así como una copia de los planos del área. Ella contrató a un topógrafo para realizar el levantamiento del que sería su lote, iniciativa a la que se sumó gran parte del grupo, pagando el trabajo con esfuerzo. La Sra. Echalar consultó con abogados y autoridades clave en el GAM, que sirvieron para orientar al grupo en sus gestiones.
Años después de recibir infinidad de cartas y realizar reuniones, la Subalcaldía de la Zona Sur comunicó oficialmente a este grupo de diez incansables personas pretendiendo recuperar su propiedad que, de los setenta y cinco terrenos reubicados en el AR2, cuarenta y dos estaban sin avasallar y treinta y tres estaban avasallados. Era agosto de 2017, en ese momento, las construcciones visibles eran muy precarias, generalmente un pequeño murete frente al terreno de no más de un metro de ancho sosteniendo un medidor de luz y en muy pocos casos alguna construcción precaria con calaminas, plástico y a veces ladrillos de una o dos habitaciones, Ante todo este proceso de asentamiento ilegal, el GAM dueño de los predios, recibió información oportuna, mostrando un conmovedor y silencioso respeto por el avance de los avasallamientos.
El mismo año 2017, la Subalcaldía de la Zona Sur convocó al grupo de los diez, para anunciarles que entregarían los terrenos no avasallados en el AR2. La Subalcaldía realizó esfuerzos para contactar a los cuarenta y dos propietarios de lotes libres, no fue posible saber a cuántos pudo localizar, pero solamente diez propietarios o apoderados entregaron la documentación en el plazo establecido. Ante la noticia, estallaron los abrazos en el grupo de los diez, pese a que solo cinco propietarios estaban con lotes libres, les saltaban lágrimas emocionadas. Para la otra mitad, las palabras se hicieron densas, pesadas y vacías. Ese conjunto de emociones era parte de la realidad y al mismo tiempo de la vida, de la esperanza y los sueños que podían ser o no.
Las personas cuyos lotes asignados estaban avasallados fueron informadas por la Subalcaldía de la Zona Sur que debían esperar que se ejecute un Proceso Técnico Administrativo para desalojar a los avasalladores. Este proceso, de acuerdo a su propia normativa, debía durar treinta y cinco días hábiles. Con la orden aprobada para ejecutar el proceso técnico administrativo, la Subalcaldía de la Zona Sur, en un poco más de seis años, no realizó ninguna acción para llevar adelante dicho proceso. En todo caso, hoy se puede apreciar la consolidación de los avasalladores con construcciones de ladrillo y hormigón armado, en la mayoría de los terrenos del AR2.
Un año después del anuncio para la entrega de los lotes, el alcalde Iván Arias, nombró a Vladimir Ávila, subalcalde de la Zona Sur, como representante del GAM de La Paz para la entrega de diez lotes, de los setenta y cinco expropiados, acto que se llevó a cabo un 27 de marzo de 2018. Se constituyeron en el Área Remanente 2, el Subalcalde de la Zona Sur, acompañado del personal de la Dirección Jurídica, de Fiscalización y varios técnicos y obreros, además de la notaria de fe pública María Renée Paz Córdova. Esta gran comitiva desplazada en el área estaba custodiada por un numeroso grupo de policías armados, la jornada que transcurrió bajo la mirada silenciosa vigilante, y hasta amenazante, de los avasalladores que acompañaron la entrega de cada uno de los lotes, e fue formalizado con la firma de un “Acta de Entrega de Terreno”.
Era notoria la pacífica emoción que rodeaba a los propietarios que recibían su lote, se presentaron también los cinco propietarios del grupo con lotes avasallados, todos tenían en común la necesidad de recuperar lo que les habían arrebatado sin permiso ni consulta. Granada dice: “Es difícil recordar lo feliz e ilusionada que me sentía al comprar mi terreno, contrastando con la desilusión y desdicha que sentía en la entrega de lotes a mis compañeros, sentía que mis lágrimas se habían secado, aunque a veces las encontraba mojando mi rostro y en momentos como ese era inevitable sentir que la alcaldía me había robado mi pedazo de tierra, mi terreno y me seguía robando al exigirme pagar los impuestos”.
De los diez propietarios que recibieron su lote, solo tres pudieron ocuparlos, el resto fueron amedrentados y expulsados por los avasalladores. Es importante remarcar que el Acta de Entrega de Terreno señala en uno de sus incisos que, “(…) los beneficiarios tienen el deber de precautelar el bien entregado, deslindando al GAMLP de cualquier RESPONSABILIDAD ante invasiones u ocupaciones de terceros”. Un área consolidada en el tiempo por avasalladores sin ningún control es una zona de conflicto. Para vislumbrar esta situación, se presentan cuatro casos a partir de la entrega: 1er caso: propietarios que toman posesión, 2do caso: propietarios expulsados por avasalladores, 3er caso: los propietarios congelados y 4to caso: singular entrega.
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El Área Remanente 2, acaso un premio merecido, está conformada por tres manzanos enfilados en una larga lengüeta a orillas del río Irpavi. En la parte más alta están los manzanos A y B, con acceso vehicular desde la avenida Caliri, el manzano C tiene acceso vehicular en los primeros lotes, la mayoría de ellos son accesibles por un sendero. En todos los casos, los lotes reubicados tienen una superficie inferior en un tercio o más a las extensiones expropiadas. Asimismo, el valor del suelo en esta área es inferior al de la zona expropiada.
1er caso: Propietarios que toman posesión. Dos lotes en el manzano B: situados en los extremos de cada esquina del mismo manzano, sobre la avenida Caliri. Sus propietarios Felix Ayala Barrientos de la tercera edad y la profesora Sandra Echalar. Ambos estaban solos y, conociendo la peligrosa situación del contexto, decidieron tomar la previsión de contratar a cincuenta policías por dos días, pagando entre cien y ciento cincuenta bolivianos por policía. En cuanto recibieron su lote, inmediatamente iniciaron trabajos con maquinaria pesada moviendo la tierra hasta el nivel de la avenida Caliri, el mismo día compraron el material para amurallar. Bajo la mirada vigilante de cada propietario, resguardados por los policías, varios obreros trabajaron noche y día durante dos días, logrando terminar el muro que delimitaba cada terreno
La inseguridad y zozobra de los propietarios los obligó a contratar policías para que hicieran rondas día y noche, debiendo pagar la gasolina y veinte bolivianos por policía, hasta terminar de construir una habitación con baño, que ocuparon inmediatamente. Debido a las amenazas de los avasalladores y las condiciones hostiles del entorno, las rondas de guardias continuaron durante varios meses. Ambos propietarios se pusieron una coraza de valentía y ocuparon su lote seguidamente finalizaron las obras, enfrentando juntos los riesgos como última y desesperada medida para tener y habitar su vivienda propia.
Dos lotes en el manzano C: Uno de ellos con el 50%, 100 m2. El Sr. Lorini propietario de ambos lotes, un valiente luchador que, a pesar las limitaciones de la tercera edad y su delicada salud, durante años estuvo firme demandando la recuperación de su propiedad. En la etapa final de la entrega, logró venderlos al mayor Patzi, y con la fuerza que representa su uniforme, además de negociar con los avasalladores, logró tomar posesión. El propietario vecino, Sr. Gonzales, mencionó que el mayor Patzy tuvo que pagar a los avasalladores, como a “propietarios ancestrales”, para tener una posesión pacífica de sus terrenos.
A casi seis años de haber tomado posesión de sus lotes, ninguno de los propietarios recibió la documentación sobre su derecho propietario. Solo cuentan con el acta de entrega y copia de la carta que entregaron a la alcaldía renunciando a su lote expropiado, a cambio del que les fuera entregado en el AR2.
2do caso: Propietarios expulsados de su lote por avasalladores. Seis lotes en tres manzanos: El GAM entregó con actas, seis lotes sin avasalladores y cercados con callapos y alambre de púas a Freddy Gonzales, Elda Malpartida, Beatriz Pinto, Ruth Loayza y a Jorge Callispieri, dueños de dos lotes. Cuando los propietarios visitaron el lugar con sus familias, observaron que su lote no tenía el cerco de alambre. Al aproximarse, fueron recibidos por los avasalladores con gritos, amenazas y hasta pedradas, debiendo retroceder en un impotente y aterrador silencio. Estos propietarios no contaron con los recursos para contratar albañiles inmediatamente, tampoco para pagar a policías que los resguarden de los avasalladores.
3er caso: Lotes avasallados - propietarios sin respuesta. Los cinco propietarios despojados de su lote bajo el nombre de “expropiación”, hace más de treinta años demandaron la restitución de su terreno, son Graciela García Rojas, Andrea Graciela Montaño Vda. de Pacheco, Gaby Gómez-García, Jorge Baldivieso Mallea y Rosario Lily Zapata de Aguirre. Ellos esperaron inútilmente que el GAM tuviera la decencia de emitir algún comunicado informándoles cuándo resolverían su situación.
A partir de la entrega, la alcaldía no realizó ninguna acción para desalojar de sus predios a los avasalladores. Granada Arias, que se resiste a habitar en el fracaso, continuó su demanda por la reposición de su terreno expropiado, tanto en la oficina central del GAM como en la Subalcaldía de la Zona Sur. Pidió inspección y medidas que posibiliten la restitución de su lote. Los funcionarios de la Subalcaldía Sur, ante la incansable insistencia de la propietaria, luego de varios meses le informaron que “el lote para su reubicación está avasallado”. Ante este agravio, Granada continuó enviando cartas y visitando las oficinas municipales, pidiendo le devuelvan su terreno en cualquier lugar de la ciudad de La Paz, pero la respuesta fue y es siempre la misma: “su terreno fue expropiado y está reubicado al Área Remanente 2” o “el lote está avasallado”.
Finalmente, en 2018 el GAM emitió una resolución administrativa, para que la Subalcaldía de la Zona Sur, recupere el lote de Granada Arias y proceda con la demolición de la edificación clandestina que, ese momento, era un murete con un medidor y un cuarto techado con plástico. Pasaron más de seis años ante la extraña parálisis de la Subalcaldía de la zona, dejando pasar el tiempo mientras el avasallamiento se consolidaba. Pese a ello, Granada continuó incansable su demanda y, en junio de 2023, recibió un informe escrito de la Arq. Galarza de la Subalcaldía de la Zona Sur, en el que le comunica que el lote de su interés se encuentra en inspección. Lo alarmante del documento es que el plano que adjunta del AR2 cambia la numeración de los lotes, incluso de los ya entregados. Así, el lote de Granada, no coincide con el lote aprobado en la OM 127/2014. Los demás propietarios se dispersaron, y Granada señala que no tiene más impulso para continuar convocando al grupo.
4to caso: Singular entrega. Sorprende la agilidad del GAM que, en diciembre de 2022, aprobó una resolución ejecutiva específica para la entrega del Lote 41 en el manzano C al señor Humberto Michel, quien fuera propietario y vendedor de más de un lote en el Playón de Irpavi. No requirió de resoluciones complementarias ni de nombramientos especiales, y sin la presencia de policías, como fuera desplegado para la entrega de los diez lotes, el 16 de enero de 2023, con la sola presencia de dos funcionarias de la Subalcaldía de la Zona Sur, arquitecta Enny Gloria Galarza Ríos y la abogada María del Carmen Sarmiento, junto a un guardia municipal sargento Eugenio Chino, hacen entrega del terreno y el propietario toma posesión inmediata, excavando sus cimientos sin la molestia de los avasalladores, ni el cobro de propietarios ancestrales.
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Hace casi cuatro décadas, el GAM de La Paz expropió setenta y cinco lotes en el Playón de Irpavi, despojando a las familias no solo de un terreno, sino como señala Granada: “a muchos los despojó de su esperanza por una vivienda, otros quedaron con sus sueños envejecidos en el camino del olvido, sin una respuesta hasta la fecha”. Granada Arias afirma que demandar justicia por una expropiación ante la institución paceña, para el ciudadano de a pie, es como enfrentar una “champa guerra” contra una oscura madeja de funcionarios y autoridades municipales. Además, señala que no es posible olvidar su terreno por la obligatoriedad de pagar impuestos por el lote fantasma, sumado al duro recuerdo por el pago de su hipoteca.
El GAM de La Paz recibe al menos una visita o una carta al mes dirigida al alcalde, las mismas que, paradójicamente y como hace más de treinta años, son derivadas a la Dirección Jurídica, o a la Dirección de Administración y Control Territorial o a la Dirección de Política Urbana Territorial (ex Dirección de Administración Territorial y Catastro), y también, a la Subalcaldía de la Zona Sur. Granada afirma que estas dependencias municipales han demostrado, en el tiempo, su extraordinaria capacidad para fabricar una artificial burocracia, acompañada de una cruel indiferencia, incluso maltrato. Ella sostiene que la conducen al límite del cansancio, pretendiendo que olvide que un día compró su lote para borrarla, como borraron su terreno.
El GAM de La Paz tiene la finalidad de “defender los derechos fundamentales de sus habitantes”, Granada Arias señala que, en este caso, se convirtió en un siniestro y atareado monstruo que dejó traspapeladas, en algún cajón, la ética, la responsabilidad y la justicia, haciendo la vista gorda ante manos oscuras que emergen desde las profundidades de sus propias entrañas, disfrazadas de burocracia y dispuestas al pillaje para apropiarse de lotes adquiridos por familias conformadas por ciudadanos honestos, que sueñan con una vivienda propia y cumplen con sus obligaciones tributarias, incluso sobre un bien que no pueden acceder. Afirma que, “pareciera que un cambio de alcalde no hace a la transformación institucional, mientras no se identifique y cambie a la corrupción putrefacta que anida en sus entrañas”.
Granada Arias quiso dar esta entrevista, para explotar como una granada a los pies del actual alcalde.
